LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA

Derogación del Decreto 690

Para que los ciudadanos puedan continuar disfrutando de servicios modernos y de calidad es necesaria una nueva visión de la industria y un cambio en las políticas públicas que afectan al sector. La sostenibilidad financiera de la industria de las telecomunicaciones está comprometida aún con la reciente derogación del 690.

En el escenario actual el retorno sobre la inversión de los operadores es muy bajo, los costos de operación van al alza, con los costos del espectro como elemento fundamental, mientras que los ingresos han experimentado una fuerte erosión y no consiguen retomar la senda de crecimiento. Incluso los grandes jugadores del sector no escapan a esta tendencia, presentando resultados insuficientes para las necesidades de inversión que enfrenta la industria.

La sostenibilidad financiera no es un asunto aislado que solo compete a las empresas del sector, es un desafío que afecta a todos, y requiere una reformulación de las políticas públicas de telecomunicaciones.

El enfoque tradicionalmente aplicado a la industria ha tenido un foco recaudatorio, con una fuerte carga tributaria y elevados costos del espectro. Es necesario que haya una nueva visión que considere al sector de las telecomunicaciones un aliado clave para el desarrollo social y económico inclusivo del país. 

Se necesitan modificaciones en el marco tributario para el avance de la economía digital. La aplicación de impuestos específicos al sector impacta en los precios que pagan los clientes, afectando negativamente a la asequibilidad y por tanto el acceso a los servicios. El elevado costo del espectro resta recursos a la industria que podría dedicar a la inversión en extensión de redes y servicios. Un reciente estudio llevado adelante por CEFIP-UNLP, determina que más del 40% de lo que paga un usuario por su servicio de internet son impuestos y tasas.

Para lograr un desarrollo económico y social es necesario avanzar en una nueva regulación de la industria que mire al futuro. La mayor parte de la regulación actual es de los años 1990 y 2000, cuando la banda ancha o el 5G no existían. Tampoco existía el ecosistema competitivo que hoy tiene el sector. Tenemos una regulación del pasado en una industria basada en la innovación y con visión de un futuro digital.

Es prioritario avanzar en un proceso de eliminación de la regulación obsoleta o aquella referida a servicios que ya han perdido relevancia. No tiene sentido mantener regulación vinculada a servicios que prácticamente han desaparecido. Avanzar rápidamente en la eliminación de carga regulatoria innecesaria es clave para ayudar a la industria a retomar la senda de la sostenibilidad financiera. Adicionalmente, se debe avanzar a un proceso de modernización y mejora regulatoria, con la aplicación de mejores prácticas regulatorias internacionales, como las planteadas en la Recomendación de CITEL aprobada en mayo de 2024, o en la línea de las recomendaciones realizadas por la OCDE. 

En el proceso de mejora regulatoria, necesitamos avanzar en la eliminación de asimetrías regulatorias con servicios sustitutivos con los que competimos de forma directa. ¿Tiene sentido que tengamos toda una serie de obligaciones vinculadas a los SMS o a los servicios de TV de pago que compiten de forma directa con las aplicaciones de mensajería o los servicios de OTT de TV sin que estos tengan ningún tipo de regulación?

No habrá desarrollo económico y social sin redes de telecomunicaciones robustas que requieren de inversión permanente para su crecimiento y despliegue. Es necesario trabajar en políticas públicas que incentiven la iniciativa privada, las inversiones y que trabajemos en el desarrollo digital de nuestro país.